garciazapata.com

Los crímenes de odio y la efectividad de la ley

Un crimen de odio, según definido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, es un acto criminal cometido contra una persona, propiedad o sociedad que está motivado, en todo o en parte, por el prejuicio del autor del delito contra una raza, religión, incapacidad física, orientación sexual, origen étnico o nacionalidad.

Hace menos de un mes, el 29 de octubre de 2009, el Presidente Barack Obama firmó la ley que tipifica como delito federal el asesinato de una persona por razón de su orientación sexual o identidad de género (Public Law No. 111-84). Días más tarde, en Puerto Rico, se cometió un brutal asesinato contra un joven de orientación homosexual, cuyo asesino ha confesado, no tan solo la autoría del crimen, sino también los motivos del mismo. El asesino confeso señaló que lo mató, entre otras cosas, porque era homosexual.

En una sociedad donde en ocasiones se sugiere que la productividad  legislativa es proporcional a la cantidad de legislación presentada o aprobada, los ciudadanos muchas veces se cuestionan la racionalidad de tal relación aritmética cuando delitos que a todas luces enmarcan en la definición establecida por una ley especial son despachados como uno más. La tragedia ocurrida en Puerto Rico le provee una oportunidad al Estado, bien sea en su manifestación federal o estatal, para que cumpla su deber constitucional de ejecutar la ley (que el mismo Estado aprobó). De así hacerlo, sin duda aumentaría la confianza de los ciudadanos en la utilidad de la ley como instrumento para regular la pacífica convivencia entre las personas. De lo contrario, la justicia cedería al arbitrio de los prejuicios particulares de los funcionarios públicos incidentales que hoy, por las razones que sean, se resisten a poner en vigor la ley que el mismo aparato público aprobó. Eso, sin duda, le restaría efectividad a la ley, nos alejaría del modelo democrático de gobierno y nos acercaría a otros modelos más despretigiados.